El crimen de la reventa

Revender es un delito en Venezuela. Una de las actividades comerciales más normales en el mundo entero como es comprar un bien para luego venderlo se ha tipificado como delito por la Ley Orgánica de Precios Justos (“LOPJ”). Otro disparate más de la legislación penal que criminaliza la libertad económica de disposición de los bienes y el lucro, unos de los aspectos esenciales de los derechos económicos garantizados por la Constitución de 1999 y los Tratados Internacionales en derechos Humanos.

La nueva política criminal económica venezolana ha instaurado una especie rara de Estado de Excepción no declarado bajo la excusa de una guerra económica incomprensible, inmaterial e intangible, contraria a los valores y principios del Occidente Judeo-Cristiano y de tradición jurídica Greco-Romana presentes en la Globalización de la economía mundial. Se ha satanizado el ánimo de lucro y se ha impuesto por la fuerza “el fin de ruina” al querer obligar a las empresas formales a vender con pérdidas.

Los revendedores, antes llamados buhoneros y ahora llamados “bachacos” de forma despectiva por la jerga común, los medios de comunicación y ciertos voceros, formaban parte de la actividad comercial informal más activa y próspera de Venezuela en épocas de abundancia, especialmente en Diciembre, cuando todos los venezolanos se vuelcan sobre las calles  para comprar los  adornos y utensilios de la época decembrina. Ahora han variado su actividad, en muchos casos, para poder revender sus productos fuera del país, donde está la verdadera ganancia, porque no hay los controles de precios legales, pero corrumpentes y retrógrados de Venezuela. 

Los revendedores primero fueron elogiados y estimulados por no ser empresarios formales y considerarlos una forma revolucionaria de “emprendimiento”, luego fueron satanizados como el mal absoluto y ahora criminalizados por la legislación penal.

No cabe duda que la política criminal prevista en la LOPJ que controla los precios y los califica de “justos” se ha convertido en un factor criminógeno de primer orden: no solo no logra reducirlos o mantener estables los precios, sino que ha estimulado la reventa y el contrabando de extracción a niveles masivos e industrializados, con pérdida material de recursos en cifras incalculables y con la más descarada corrupción de funcionarios tolerantes, cómplices o asociados en el negocio. Ni hablar de la reventa dentro de las fronteras nacionales: el buhonerismo y el “resuelve” son fenómenos urbanos de la llamada economía informal, ahora criminalizados sin éxito alguno. El régimen cambiario ha tendido un peso decisivo en este drama.

Las nuevas tipologías delictivas son (i) la hormiguita, es decir, el contrabandista de pequeñas cantidades de mercancía comprada en Venezuela y llevada a cualquier punto de los 19 estados fronterizos (terrestres, marítimos, lacustres y fluviales) que han sido clasificados así en nuestro país; y el bachaco: contrabandista en masa que lleva mercancía ilícita por cualquier cantidad a través de medios más sofisticados y mejor logística (incluidos los sobornos) a todos los puntos conocidos y públicos por los que se atraviesa la geografía nacional hacia otro país. O sea, el delito de contrabando se ha convertido en un fenómeno social y un mecanismo para enriquecerse rápidamente para algunos o para sobrevivir en medio de la menesterosidad para muchos.

La afectación profunda de los derechos humanos de propiedad y de libre comercio que ha producido la LOPJ está en la raíz del problema: escasez de productos debido a la falta de producción nacional, desempleo por el cierre de empresas, inflación galopante y sin freno, pérdida del valor de la moneda nacional y un sinfín  de trastornos económicos, nada más que por imponer un modelo controlista que no guarda relación racional con la economía social de mercado. La historia, la corrupción y las hambrunas debieron enseñarnos a no repetir los errores soviéticos y chinos y de otros países (salvo escasas excepciones que no han aprendido) que ya pasaron por esto en el Siglo XX y tuvieron que volver al sendero del libre mercado. 

Los controles, para que no generen oportunidades de corrupción, deben ser a posteriori, no a priori, según se demuestra día a día en las economías prósperas. La vieja Alcabala del control previo corrumpente ha sido una rémora en Venezuela desde la Colonia española hasta nuestros días.

De esta manera, el controlismo legal y la represión penal de la economía de mercado han producido un efecto al revés, paradojal y absurdo. Más de 80 leyes penales con más de 900 delitos (sobre todo los económicos) son datos demasiado abrumadores. La discrecionalidad ha ocasionado una gran corrupción. 

Hace falta entender lo anterior y crear un mejor ambiente a los derechos humanos de tipo económico, todos ellos universales, interdependientes, indivisibles y progresivos, como reza la Constitución. Esa es la fórmula eficaz contra la reventa, el contrabando, el bachaqueo y el hormigueo. ¡Funciona muy bien en muchos otros lugares!, ¿por qué no debería funcionar en Venezuela?

Fernando M. Fernandez

NOTA: Articulo publicado en el Universal.com en 2016 pero desaparecido de la web

Delitos y comunas

La Ley consagra el régimen de propiedad social comunal, no mencionado en la Constitución

La Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal (“Ley”) creó nuevos delitos.

El de “acciones contrarias al normal desenvolvimiento del sistema económico comunal”, establece pena de prisión de 4 a 6 años para personas naturales o las responsables de personas jurídicas que, juntos o separados, contravengan las medidas, condiciones y controles previstos en la Ley que afecten el normal desarrollo del Sistema Comunal.

Otro delito es de “restricciones u obstáculos a la cadena de producción, distribución y acceso de bienes y servicios” con pena de prisión de 2 a 4 años para las personas naturales o responsables de personas jurídicas que, juntos o separados, impidan, obstaculicen o restrinjan el normal funcionamiento y resguardo de la producción, distribución, transporte, comercialización, suministro de los bienes de consumo, servicios y saberes del sistema económico comunal. La misma pena será para quienes impidan el acceso a dichos bienes por parte de los consumidores.

El delito de “difusión de propaganda o publicidad subliminal, falsa o engañosa”, con pena de prisión de 2 a 4 años cuando las personas naturales o las responsables de personas jurídicas, separada o conjuntamente realicen propaganda o publicidad subliminal, falsa o engañosa sobre los bienes, servicios y saberes del Sistema Económico Comunal y sus medios de producción, intercambio, distribución, comercialización y suministro.

La Ley consagra el régimen de propiedad social comunal, no mencionado en la Constitución. Descodifica aun más al Código Penal y tutela la colectivización de la economía y la sociedad. Es una ley desproporcionada con gran carga de subjetividad. Se castiga aun más la libertad de expresión. ¡Vaya inseguridad jurídica!

Nota: este artículo se publicó en El Universal en el año 2010 y está desaparecido de la red. Estuvo en abcdelasemana.com y también desapareció

http://www.eluniversal.com/2011/07/22/delitos-y-comunas.shtml (desaparecido)

http://www.abcdelasemana.com/category/colaboradores/fernando-fernandez/ (desaparecido)

Para qué estudiar leyes en Venezuela? Conversatorio

Mi conclusión sobre los estudios de Derecho: ahora es más importante que nunca estudiar leyes, porque, en tiempos de transición desde la turbulencia revolucionaria hacia una democracia plena y moderna es imprescindible tener un régimen jurídico basado en los derechos humanos y no en la violencia material y verbal ni en la miseria ocasionada por los gobernantes de los últimos 20 años. Las nuevas generaciones tendrán acceso al poder y habrán oportunidades para el pleno desarrollo humano, la Paz y la prosperidad de todas las personas, sin discriminar nadie. Habrá justicia! Para eso se hace imprescindible estudiar más y ser mejores en la carrera jurídica