EL BLOQUE CONSTITUCIONAL DE VENEZUELA SE DIRIGE A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL SOBRE EL INFORME PRELIMINAR DE LA RELATORA ESPECIAL SOBRE LAS REPERCUSIONES NEGATIVAS DE LAS MEDIDAS COERCITIVAS UNILATERALES EN EL DISFRUTE DE LOS DERECHOS HUMANOS, LUEGO DE SU VISITA A VENEZUELA ENTRE EL 01 Y EL 12 DE FEBRERO.

Caracas, 15 de febrero de 2021

El Bloque Constitucional de Venezuela, a efectos de cumplir con uno de sus fines esenciales, como es el de coadyuvar al rescate del orden constitucional, republicano y democrático y, como parte fundamental de ello, impulsar el reconocimiento, respeto y garantía plenos de los derechos humanos de todas las personas en Venezuela.

Considerando,

  1. Que la visita a Venezuela de Alena Douhan como Relatora Especial sobre las Repercusiones Negativas de las Medidas Coercitivas Unilaterales en el Disfrute de los Derechos Humanos (de ahora en adelante la “Relatora”) es de mucha importancia para el país, por cuanto se hace en momentos en los cuales el régimen ha profundizado y exacerbado la crisis, al radicalizar sus políticas de gran impacto, tanto en lo derechos civiles y políticos como en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (“DESCA”) de todas las personas.
  2.  Que, asimismo, según lo ha denunciado Transparencia Internacional, los casos de Gran Corrupción violatoria de derechos humanos colectivos y de criminalidad organizada contra el patrimonio público de los venezolanos que han sido descubiertos, investigados y decididos judicialmente por tribunales extranjeros han exacerbado la crisis humanitaria que afecta a Venezuela, de forma exponencial; además de las malas políticas públicas y la ineptitud gerencial oficialista que ha llevado a la quiebra a las principales industrias básicas del pais y de prestación de servicios públicos esenciales.
  3. Que la visita de la Relatora ha sido la única permitida por el régimen cuando reiteradamente ha negado la visita  de Grupos de Trabajo y Relatores que  han mostrado formalmente su interés para hacer las correspondientes visitas a nuestro territorio,   como del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; del Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados;  de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; del Relator Especial de la OEA sobre la Libertad de Expresión;  de   la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias; del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria;   de  la Relatora Especial sobre el Derecho a la Alimentación;  del  Relator Especial sobre el Derecho de Toda Persona al Disfrute del Nivel Mas Alto de Salud Física y Mental; del Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes;  y  de   la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
  4.  Que la vista de La Relatora ocurre cuando no se han cumplido las medidas cautelares decididas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de carácter colectivo en proteccion de derechos como la salud, alimentación y ayuda humanitaria, la cual ha venido documentando detalladamente sobre la violación de estos derechos humanos desde el año 2002 de forma ininterrumpida en el Capítulo IV de sus Informes Anuales.
  5. Que la emergencia humanitaria compleja y la grave crisis económica que se vive en el país, reconocida por organismos internacionales, es previa a las sanciones internacionales individualizadas y selectivas de origen colectivo, multilateral y masivo que han dispuesto la Unión Europea, los países miembros del TIAR, los EE. UU. Canadá, Suiza, Portugal y Reino Unido, por la comisión de  graves delitos de Gran Corrupción contra el patrimonio público de todos los venezolanos, con enorme impacto negativo en los derechos humanos y el empobrecimiento de toda la población,  tal como lo identifican Transparencia Internacional, otras ONG y destacados expertos nacionales e internacionales que han estudiado el tema.  
  6. Que el éxodo forzado de los más de 5,4 millones de venezolanos se debe a la emergencia humanitaria compleja y a la crisis económica que ha creado y exacerbado el presente régimen debido a sus políticas confiscatorias y a la generación de una hiperinflación, ocasionada por sus políticas financieras, según las investigaciones de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI); 
  7. Que el régimen ha emprendido una política de ataques, criminalización, demonización, intimidación y hostigamiento judicial sistemáticos contra las ONG de derechos humanos y humanitarias, entre las cuales se destacan Azul Positivo, Convite y Acción Solidaria, entre otras.  Y ha satanizado el trabajo de PROVEA y otras ONG que colaboran con las Naciones Unidas y sus diferentes organismos.   Y, también, lleva a cabo la persecución crónica y sistemática en contra de líderes sindicales, universitarios, indígenas, disidentes y opositores al régimen, lo cual ha generado gran zozobra entre la ciudadanía con más de 300 presos políticos, como lo reporta el Foro Penal Venezolano. Y la diáspora de casi el 40% del personal médico, sanitario y de salud del pais y de mas del 50% de profesionales en Venezuela.
  8. Que el Consejo de Derechos Humanos, frente a las graves denuncias e información que ha recibido y la negativa del régimen de acoger las recomendaciones de la mayoría de los países que lo integran, designó una Misión Independiente de Determinación de los Hechos (o FFM por sus siglas en inglés), la cual ya rindió un primer informe detallado que da cuenta de los graves crímenes internacionales que podrían estarse cometiendo en el territorio venezolano, antes de las sanciones internacionales,  y que contiene  recomendaciones específicas al Estado venezolano y a la comunidad internacional, entre las cuales resalta el llamado a los Estados a iniciar acciones legales individuales contra los individuos responsables de crímenes internacionales.
  9.  Que, no obstante que el mandato de la FFM se prorrogó por 2 años más, dado que el presente régimen no permitió su ingreso al territorio nacional ni respondió a sus constantes solicitudes, en su Informe Preliminar la Relatora no da cuenta del Informe Detallado de la FFM y de sus recomendaciones.  Y tampoco menciona la serie de informes y recomendaciones que han hecho los Estados Miembros del Consejo de Derechos Humanos en varias oportunidades en este mismo sentido.
  10. Que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha presentado varios informes orales y escritos sobre las graves violaciones de derechos humanos que se suceden en Venezuela desde mucho antes de 2014 y que sus recomendaciones han sido ignoradas sistemáticamente por el régimen, como es el caso de la disolución del FAES; asi como en los casos de las violaciones de los derechos humanos de las poblaciones indígenas. 
  11. Que la Fiscalía ante la CPI lleva a cabo, motu proprio, un examen preliminar acerca de posibles crímenes de competencia de la CPI, cometidos presuntamente por funcionarios de alta jerarquía civil y militar (llamado “Situación I de Venezuela”), fundados en motivos políticos y de desaparición forzada de personas. Luego, 6 Estados Partes del Estatuto de Roma hicieron una remisión.
  12. Que la Fiscalía ante la CPI, también tiene abierta la Situación II de Venezuela, debido a la remisión que hizo el régimen acerca de supuestos crímenes acontecidos por causa de las sanciones internacionales, como parte de una estrategia legal de defensa y de retraso de la Situación I.  Pero, no obstante, ello, la misma Corte no dispuso la acumulación de ambas las Situaciones y las mantiene por separado, a pesar de existir coincidencias en cuanto al territorio y lo personal.
  13. Que los diferentes sistemas de las sanciones emitidas por los Estados, además de fundarse legitimamente en el derecho internacional cuando el Estado concernido incumple con su responsabilidad de proteger a su población (o “R2P” por sus siglas en inglés), o incurren en casos de gran corrupcion, prevén y permiten que se otorguen licencias generales o específicas para atender las necesidades básicas de la población en los casos de crisis de emergencia humanitaria, como la que padece Venezuela.
  14.   Que ante la visita de la Relatora Alena Douhan el Bloque Constitucional de Venezuela le pidió en fecha 10 de febrero, que constatara la falta de transparencia en la gestión pública y la negación del derecho al acceso a la información que impide la contraloría social sobre el gasto público (https://twitter.com/cbloquec/status/1359523746445459458).

En consecuencia, el Bloque Constitucional de Venezuela, con pleno respeto a la condicion de Relatora, de Alena Douhan, con relaciona a su INFORME PRELIMINAR DE LA “RELATORA ESPECIAL SOBRE LAS REPERCUSIONES NEGATIVAS DE LAS MEDIDAS COERCITIVAS UNILATERALES EN EL DISFRUTE DE LOS DERECHOS HUMANOS,” LUEGO DE SU VISITA A VENEZUELA ENTRE EL 01 Y EL 12 DE FEBRERO, manifiesta lo siguiente:

PRIMERO:  Que las diferentes y múltiples sanciones internacionales acordadas por organismos multilaterales, Estados y grupos de Estados en contra de altos funcionarios y de personas jurídicas estatales están contempladas según el Derecho Internacional para los casos en que los Estados incumplan con su responsabilidad de proteger los derechos humanos y de no incurrir en violaciones graves a estos derechos; ni cometer atrocidades en su territorio. Las cuales se justifican cuando tales sanciones responden a la necesidad de que los gobernantes cumplan sus obligaciones internacionales de respeto, promoción, garantía y protección de los derechos humanos de su población, cuyas normas son imperativas y forman parte del orden público internacional, con las implicaciones que de ello se derivan.

SEGUNDO:  Que dentro de su Informe Preliminar La Relatora no señala que el presente régimen no ha aceptado la visita de los otros mecanismos de verificación de los derechos humanos, incumpliendo sus obligaciones internacionales y las recomendaciones de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, así como las múltiples recomendaciones de los Estados Miembros del Consejo de Derechos Humanos.  Asi como tampoco se refiere al desacato reiterado de las sentencias y medidas cautelares decididas por los organismos del sistema interamericano de derechos humanos.

TERCERO:  Que para la imparcialidad e independencia de la Relatora y para la objetividad de la rendición de su Informe Final planificado para septiembre de 2021, no puede desconocer que los graves problemas y causas relacionados con los derechos humanos son previos a las sanciones, debido a que en Venezuela existe una crisis humanitaria por causa de la inestabilidad política del país, como lo reconoció el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-Moon, en el 2016.  Y tampoco puede dejar de señalar que la devastadora crisis social y económica comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017, como lo afirmo la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en su Informe de actualización de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de marzo del 2019.  Por lo que desde el punto de vista metodológico y científico tales reconocimientos deben ser expresamente reconocidos en el Informe próximo. Asi como que ha de incluir entre sus recomendaciones finales las sugerencias de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, de la obligación de aceptar el ingreso a Venezuela a los otros Relatores, Grupos de Trabajo, Comisiones, mecanismos y demás expertos de los organismos multilaterales, como la Misión Independiente de Determinación de los Hechos y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para que puedan investigar en el terreno las constantes violaciones de derechos humanos.

QUINTO:  Que,  ante la presente crisis humanitaria de Venezuela,  es necesario que el Secretario General de la Organización de la Naciones Unidas interponga sus buenos oficios y  que exija al régimen que restablezca los canales financieros de la cooperación internacional humanitaria y que acepte y permita el restablecimiento de los diferentes mecanismos de ayuda internacional y el ingreso del Programa Mundial de Alimentos y el Covax o Plan Global para distribuir la vacunas contra el Covid 19, entre otros.

SEXTO:  Quelas ONG de defensores de derechos humanos y de ayuda humanitaria y las víctimas de violaciones de derechos humanos, dentro y fuera del país,  como parte de su encomiable labor de defensa de los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación alguna;  deben expresar sus reservas, objeciones y correcciones sobre el Informe Preliminar de la Relatora y solicitar que en el Informe Final se precise que no se puede desconocer que los graves problemas, sus causas y exacerbación relacionados con los derechos humanos son previos a las sanciones.

Caracas, 15 de febrero de 2021.Coordinación Nacional: Cecilia Sosa Gómez, Román Duque Corredor, Alberto Arteaga Sánchez, Jorge Rosell Senhen, Blanca Rosa Mármol de Leon, Rubén Pérez Silva, Pedro Rondón H., y René Molina Galicia. Coordinación Ejecutiva: Perkins Rocha. Magistrados, Académicos, Profesores: Aníbal Rueda, Humberto Romero Muci; María Concepción Mulino, Julio Elías Mayaudón, Ramón Escovar León, Carlos Ayala Corao, Rafael Badell Madrid, Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggeri, Luis Beltrán Guerra, Salvador Yanuzzi, Álvaro Badell Madrid, Rodrigo Rivera Morales, Alejandro Canónico, Franklin Hoet, Fernando Peláez Pier, Gustavo Linares Benzo, Nelly del Valle Mata, José Francisco Comte, Marcos Solís Saldivia, Mariana León Mármol, Flor Zambrano, Rafael Chavero Gazdik, Eustoquio Martínez, Carlos Camero, Alejandro González Valenzuela, María Luisa Acuña López, Gustavo Tarre Briceño, María Amparo Grau Togores, Gerardo Fernández, Gonzalo Pérez Salazar, Víctor Rodríguez Cedeño, Milagros Betancourt C., Joaquín Núñez Landáez, Iván Pérez Rueda, Moisés Troconis Villareal, Henry Henríquez Machado, Juan Manuel Raffali, Maibí Rondón, Luis Petit, Fernando M. Fernández, Génesis Dávila y Noemí Del Valle Andrade. Federación de Colegios de Abogados de Venezuela: Marlene Robles, (presidente), Norma Delgado Aceituno, Clara Inés Valecillo; Jesús Vergara Peña y José Luis Machado. Presidentes de Colegios de Abogados de Venezuela:  Olnar Ortiz (Amazonas), Luis Beltrán Calderón Mejías (Anzoátegui), Rosalino Medina (Aragua), Roldan Torres (Apure), Lucia Quintero Ramírez (Barinas), Nelson Riedi (Carabobo), Roberto Andery (Cojedes), Omer Figueredo (Delta Amacuro), Yvett Lugo (Distrito Capital), Wilmer Pereira A. (Falcón), Mary Hurtado de Muguesa (Guárico), José Luis Machado (Lara), Vanessa Contreras (Mérida, Delegación Tovar),Letty Piedrahita (Miranda), Jesús Ramos (Monagas), Pedro Arévalo (Nueva Esparta), Zoila Calderón (Portuguesa), Orlando Velásquez (Sucre), Henry Flores (Táchira), Mario Torres (Zulia). Bloque Constitucional. Capítulo Esp

La Relatora de las sanciones

Entre los días 01 y 12 de febrero estará de visita institucional a Venezuela la Sra. Alena Douhan, Relatora de la ONU para verificar los “efectos de las medidas coercitivas unilaterales” en los derechos humanos.  Es algo importante y que debe ser saludado con respeto por su investidura. Sin embargo, hay que comentar, de partida, que el enfoque de la Relatora tiene una visión preconcebida: las sanciones son malas per se y violan derechos humanos. No es una actitud imparcial. Es una postura inquisitiva. Viene a investigar lo que ya tiene claro. Luego, no es una investigación, sino una constatación de su presunción: “las sanciones son culpables”.

La Relatora ha dicho: “”Me centraré en particular en cualquier impacto negativo que las sanciones puedan tener en el disfrute de todos los derechos humanos en Venezuela”, dijo. “También haré recomendaciones sobre cómo se puede mitigar o eliminar cualquier efecto negativo”. (Ver: https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26699&LangID=S). Tampoco indica si analizará las causas estructurales y de fondo de la emergencia humanitaria compleja y las graves violaciones de derechos humanos que se viven Venezuela.

La parcialidad se ve claramente implícita en las preguntas, las cuales encierran la conclusión: “1.  ¿Qué derechos humanos específicos se ven afectados por las sanciones unilaterales introducidas contra Venezuela? ¿Puede dar ejemplos de violación de derechos particulares mediante sanciones unilaterales?”. Y así, sucesivamente. Esta pregunta y todas las demás dan por sentado que los derechos humanos sí se ven afectados negativamente por las sanciones. No habla de supuestos efectos, (negativos o positivos) sino que los da por sentado como violatorios de los derechos humanos.

Da la impresión de que el objetivo de la Relatora es evaluar solo las sanciones emanadas de los EEUU. No toma en consideración las de Canadá, Unión Europea (27 países), miembros del TIAR (destacan las de Chile y Argentina con cientos de designados) Reino Unido, Suiza. Tampoco las menciones de la Misión de la ONU para la Determinación de los Hechos (“FFM” por sus siglas en inglés). Si se sumaran todas ellas serían varios cientos de sancionados, entre personas naturales y jurídicas, incluyendo buques y aeronaves. Todas ellas con distintas medidas y diferente alcance. Lo primero que salta a la vista es que el asunto de las sanciones no es unilateral, sino que son masivas, colectivas y multilaterales, aun cuando individualizadas y selectivas. Todas ellas buscan el cambio de conductas lesivas a los derechos humanos y a otros bienes jurídicos, como la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, previstos en el derecho internacional. Las sanciones individuales e inteligentes son legítimas y legales, conforme al Derecho Internacional.

Parece que la visita de la Relatora es una presencia convenientemente acordada con el régimen. Ya diversas ONG han manifestado su inconformidad con el hecho de que no se han autorizado las solicitudes de las oficinas de relatores de la ONU, que han sido solicitadas insistentemente, a saber: a) el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, b) el Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, c) la relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias. d) el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, e) la Relatora Especial sobre el Derecho a la Alimentación, e) el Relator Especial sobre el Derecho de Toda Persona al Disfrute del Nivel Mas Alto de Salud Física y Mental, f) el Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, y g) la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Alta Comisionada de los Derechos Humanos ha recomendado que vengan a Venezuela.

Tampoco se ha permitido la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni de la Relatoría de la OEA sobre Libertad de Expresión las cuales han gestionado la misma de forma infructuosa desde hace varios años: no quieren estas visitas. La conclusión es que no se quiere el escrutinio internacional ni que se investigue a fondo y que le digan la verdad. 

La visita de la Relatora es, también, congruente con la remisión que se hizo de la Situación II sobre Venezuela a la Fiscalía ante la Corte penal Internacional, en la cual acusa al gobierno de EEUU por imponer sanciones internacionales, que le remisión llama “medidas coercitivas unilaterales”. En esa remisión, el régimen imputa estos crímenes: asesinatos, exterminio, deportación, persecución y causar graves sufrimientos físicos y mentales. Los argumentos son bizarros.

En todo crimen atroz tipificado penalmente en el Estatuto de Roma de la CPI hay siempre violaciones a los derechos humanos. La diferencia está en la responsabilidad: mientras en los crímenes la responsabilidad es penal e individual de personas naturales, exclusivamente; en la violación de derechos humanos el responsable es el Estado, solamente.

El único inconveniente que he conseguido en mi indagación acerca de los efectos de las sanciones sobre el tema es el sobrecumplimiento u “overcompliance”, problema este ocasionado por bancos y otras instituciones que prefieren no tratar con “venezolanos” o con cualquiera que haya sido funcionario público en mucho tiempo atrás (hubo afectados que fueron funcionarios en los gobiernos democráticos y les congelaron arbitrariamente las cuentas en sus bancos). El sobrecumplimiento ocurre cuando el Oficial de Cumplimiento no hace su trabajo o cuando el Banco no quiere gastar un céntimo ni tiempo en averiguar la real situación de su cliente, para saber si está sancionado o no. Es una discriminación por nacionalidad. El sobrecumplimiento es responsabilidad de terceros, no de las sanciones ni de quienes las emiten.

En fin, espero, de buena fe, que oiga lo que le dijeron algunas de las ONG consultadas por ella y su informe sea realmente imparcial y desprejuiciado. Así, debería destacar los problemas estructurales y de fondo que han dado origen a la emergencia humanitaria compleja que vive el país y a las graves violaciones de derechos humanos que sufren innumerables víctimas. Todo ello ha sido exacerbado y empeorado por la Gran Corrupción y la radicalización de las políticas públicas, no por las sanciones.

Fernando M. Fernández @FM_Fernandez

FILE PHOTO: 75th annual United Nations General Assembly to be held mostly virtually due to the coronavirus disease (COVID-19) pandemic in New York

Democracia como derecho humano

El principio de universalidad e igualdad de los derechos humanos es claro: incluye todos los derechos humanos de todos los seres humanos en plano de igualdad y con la misma importancia. Mal se puede defender un grupo de derechos y no otros de ellos. Mal se puede admitir que hay derechos humanos más importantes que otros. Ese argumento es falaz y abominable. La democracia es un derecho humano. El comunismo, tal como el fascismo, viola los derechos humanos de forma estructural.

La democracia, en sentido concreto, es también un requisito del derecho a la paz y convivencia humana, tanto en un país determinado como en una región. Los países tradicionalmente en conflicto son aquellos que niegan el derecho a la democracia y sus otros derechos inmediatos a sus ciudadanos. Así, la democracia es un derecho y un requisito para que los otros derechos puedan realizarse, como la paz, por ejemplo. La amenaza al derecho a la democracia pone en peligro hasta el derecho a la vida si se disparase un conflicto que altere la paz.

Mientras duró la Guerra Fría (1945-1991) el argumento central en contra del derecho a la democracia era la supuesta prioridad de los derechos económicos, sociales y culturales versus los derechos civiles y políticos. Ello creó una demonización de todo lo democrático, lo individual, la ciudadanía y cualquier argumento en favor de la democracia, entre otras cosas, la tolerancia frente a las minorías, a lo distinto. El sistema internacional de los derechos humanos quedó restringido a una parte del planeta por causa de este prejuicio. Varios de los países más grandes y poblados (como la URSS y China) quedaron privados del derecho a la democracia durante décadas. China se mantiene en su misma actitud con una férrea dictadura que niega el derecho a la vida (pena de muerte) y los derechos civiles y políticos más básicos (presunción de inocencia y juicios justos, por ejemplo), bajo el argumento falaz de impedir la occidentalización y preservar su cultura.

La demonización de la democracia como derecho humano dejó una huella prejuiciada en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, durante el tiempo que duró la Guerra Fría. Con la desaparición de la Unión Soviética en 1991 se aminoró el ataque satanizante a los derechos civiles y políticos y, en concreto, al derecho humano a la democracia y sus derechos inherentes, por lo que fue posible que se retomara el sendero de la universalidad de los derechos humanos, lo cual consta en la Declaración y Programa de Acción de Viena, Aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993. Esta cita es contundente: “5. Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso.” (Subrayado mío).

De otra parte, las diferencias culturales, históricas, ideológicas, religiosas y de otro tipo no pueden ser los argumentos para seguir oponiéndose al principio de universalidad, igualdad e interdependencia de los derechos humanos. Si así fuere, habría que cesar la lucha por el derecho a la igualdad de la mujer en los países musulmanes o por abolir la pena de muerte, la tortura, la lapidación y la mutilación genital, entre otros temas defendidos por quienes quieren mantener políticas injustas.

El Pacto de Derechos Civiles y Políticos establece que: “Artículo 25 Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.

La Carta Democrática Interamericana establece que: “Artículo 1 Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas. Artículo 7 La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos.” (Subrayado mío).

En fin, la democracia y sus otros derechos inherentes son universales, de todos, y su disfrute debe ser en plano de igualdad a todos los demás derechos humanos. El comunismo y el fascismo son totalitarismos, o sea, sistemas violatorios de los derechos humanos.

Fernando M. Fernández

@FM_Fernandez y @DhMonitor

Continuidad de la República, la Democracia y la Constitución[1]

Apuntes para asegurar la continuidad de la Constitución, la democracia y la República, representadas estas por la Asamblea Nacional, con base en la aplicación de los artículos 333[2] y 350[3] del Texto Constitucional.

Por: Fernando M. Fernandez

07/12/2020  

  1. Los hechos:
  1. La Asamblea Nacional (de ahora en adelante, “AN”) es la única institución de la República que goza de legitimidad de origen y de desempeño actualmente en Venezuela. Así lo reconocen las democracias del mundo.
  2. Fue electa de forma indubitable pese al ventajismo, fraudes, abusos y delitos de corrupción electoral tolerados por el CNE, por la anterior AN y la ANC que estaban controladas por el régimen.
  3. Ha logrado dictar más de 100 actos legislativos en circunstancias de asesinatos, persecución sin goce de sueldo ni lugar de reuniones o sesiones, hostigamiento, detenciones y allanamientos arbitrarios, difamaciones y exilio de muchos de sus miembros.
  4. La resistencia institucional y pacifica desplegada por los parlamentarios y empleados de la AN durante estos años solo puede calificarse de valiente y honrosa. 
  5. Sus miembros han sido perseguidos y atacados mediante crímenes atroces en contra de varios de los diputados y empleados de la AN.
  6. Tales crímenes están documentados en el Informe Detallado de la Misión de Determinación de los Hechos,[4] designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, además de incontables documentos producidos por diversos organismos como la OEA,[5] la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[6] y diversas ONG nacionales como PROVEA y Acceso a la Justicia e internacionales, como Amnistía Internacional, Comisión Internacional de Juristas, DPLF y HRW, entre muchas otras.
  7. La Fiscalía ante la Corte Penal Internacional que realiza un examen preliminar sobre la Situación I de Venezuela, ha establecido en su fase 2, que los hechos acontecidos en este país son de la competencia material, territorial, personal y temporal de la CPI, por lo que ahora estudia su admisibilidad (Fase 3 del examen preliminar).[7]
  8. La AN ha sido reconocida internacionalmente por las grandes democracias existentes en el mundo.  
  9. Así, los actos de la AN son válidos y legítimos en lo constitucional, lo legal y lo político, tanto en el ámbito nacional como el internacional.
  10. El 06/12/2020 el régimen pretendió realizar una nueva elección parlamentaria para aniquilar a la AN, contra viento y marea, con todo tipo de irregularidades, abusos, compra de votos e ilegalidades. Pero no hubo concurrencia convincente, ni siquiera de las bases de su partido. No obstante, sigue avanzando en la construcción de un dualismo estatal,[8] socavando las bases del Estado Constitucional de Derecho y la democracia, a saber;
    1. La seudoelección legislativa carece de toda validez constitucional y legal, paralelamente, de legitimidad política. Haberla hecho solo persigue dar el golpe definitivo a la República, más que a cualquier otra cosa.
    1. El CNE es ilegitimo de origen y desempeño y está constituido en un 100% por el partido de gobierno
    1. El número de diputados sube de 166 diputados a 266 diputados, sin justificación legal ni lógica, salvo garantizar la hegemonía del partido de NM.
    1. Los indígenas fueron excluidos y sometidos a una elección de 2º grado
    1. Los partidos políticos de oposición fueron inhabilitados y todos sus recursos, siglas, colores, himnos y símbolos fueron entregados ilegalmente a simpatizantes y aliados del partido de gobierno
    1. Los partidos históricos que fueron usurpados no participaron en dicha elección. Tampoco su liderazgo participó y llamó a la desobediencia civil, desconociendo los comicios y su resultado.  
    1. El diferimiento o la cancelación del acto comicial era lo constitucionalmente correcto. También lo políticamente correcto. Pero, eso no es lo que quiere hacer el régimen de NM, tal como ha sido expuesto en su discurso y demostrado con los actos consumatorios del fraude.
  11. El 05 de enero 2021 expira el mandato de la AN
    1. En consecuencia, se debate su permanencia o no en funciones pese a la inminente seudoelección de una nueva AN el día 06/12/2020, orquestada por el régimen sin que se cumplan ninguna de las normas constitucionales, Tratados Internacionales y en violación de los estándares básicos democráticos y legales que garanticen un voto libre, universal, competitivo y secreto.
  12. Se trata de la supervivencia de la República, la democracia y la Constitución la cual ha sido inaplicada y violada constantemente mediante 7 leyes habilitantes, más de 300 leyes y decretos presidenciales contrarias a su espíritu y texto para instaurar el llamado “Estado Comunal” y el socialismo del siglo XXI, la renovación constante de los estados de excepción económica y de alarma desde 2016. A ello se suman supuestas “leyes constitucionales” tales como Ley del Plan de la Patria, Ley contra el Odio y Ley Antibloqueo, entre otras, las cuales han sido emitidas sin consulta ciudadana ni siguiendo los pasos constitucionales de elaboración de las leyes. 
  1. ¿Qué hacer?
  • Lo que está en la base de todos esto es la salvación y la supervivencia de la Republica y su institución fundamental: la Asamblea Nacional, mediante la Defensa de la Constitución y la preservación de la AN, garantía básica e indispensable de existencia jurídica de la República, del orden constitucional y democrático. (arts. 333 y 350 de la Constitución. Art. 128 del Código Penal)
  • Preservar la continuidad constitucional de la AN es una necesidad jurídica y política, legal y material a la vez. Se requiere juridicidad y legitimidad en simultáneo.
  • Dada la carencia de precedentes a situaciones como esta, no hay nada reglamentado específicamente y en detalle para solucionar esta situación, pero si hay salidas constitucionales, estatutarias y políticas aplicables.[9]
  • Las bases jurídicas son estas: 
    • Artículos 1, 3, 5, 6, 136, 137, 138, 333 y 350 de la Constitución
    • Artículos 4, 6.1, 18 y 33 del Estatuto que rige la Transición[10]
    • Se trata de la preservación de la representación legítima del pueblo soberano y de la defensa de esta.
    • Para esto se debe prorrogar la actual AN, que es mucho más que una continuidad administrativa. Lo administrativo se deriva de la continuidad de la República y la salvación de la Constitución, que es lo que está en riesgo.
    • Si no se defiende la República en estos términos, desaparecerá. Y, con ella, todas los logros obtenidos durante este tiempo, con consecuencias futuras legales, políticas y financieras, tanto nacionales como internacionales.
  • Se imponen, entonces, soluciones extraordinarias, para lo cual no hay precedentes, a problemas igualmente extraordinarios y excepcionalísimos que fueron generados por la usurpación y el dualismo estatal.
  • Se debe promulgar un nuevo Estatuto Constitucional o un instrumento equivalente que preserve la actual AN.[11]
  • Sería un acto normativo constitucional, cuya finalidad de asegurar la intangibilidad e incolumidad de la soberanía popular.
  • Es una medida de preservación republicana, democrática y constitucional.
  • Dicho Estatuto no derogaría al actual, el mismo debe ser complementario y no contradictorio.
  • El nuevo Estatuto regirá para la AN en tiempos extraordinarios. 
  • Ello le permitiría ratificar a la actual Directiva de la AN y asegurar la continuidad de la representación de la Republica.
  • También debería establecer las nuevas reglas de funcionamiento de la AN
  • Continuidad de Guaidó, en su calidad de presidente de la legitima AN elegida en su interinato, como estandarte de la República a los fines de mantener el reconocimiento internacional
    • Instalar una Comisión Delegada Parlamentaria para que actúe en representación de la AN
    • Se deben establecer sus atribuciones y competencias en el nuevo Estatuto Complementario
  • Se debe prorrogar el mandato de los parlamentarios. Ellos no deben cesar en sus funciones ni sus atribuciones y potestades como legítimos representantes electos, debido a su legitimidad y legalidad de origen, así como de su desempeño.
  • La Directiva, o al menos, el Presidente, debe mantenerse con base en el reconocimiento internacional de la mayoría de los países democráticos. Seria congruente con la prórroga del mandato constitucional. Seria inconveniente y desestabilizador que hubiese algún cambio. No son tiempos normales sino extraordinarios
  • La consulta a la población tiene un carácter vinculante para toda la nación (artículo 70 constitucional).
  • La participación ciudadana es un derecho humano establecido en la Constitución vigente.
  1. Contexto

Son tiempos extraordinarios y excepcionalísimos de turbulencia política en el ámbito nacional, crisis constitucional y política sin precedentes en nuestra historia debido a la usurpación continuada del poder público, la pandemia del COVID 19, la persecución y la violencia contra la República y el orden democrático, el secuestro del Palacio Legislativo, el exilio forzado de numerosos parlamentarios, la comisión de atrocidades de lesa humanidad contra parlamentarios, empleados de la AN y líderes políticos opositores y disidentes, así como la gran mayoría de los venezolanos que padece de pobreza extrema. A ello se suma la descomunal EHC, debida a la Gran Corrupción y la mala administración de la riqueza petrolera y minera.


[1] República Bolivariana de Venezuela. Constitución de 1999 con reformas hasta 2009. Disponible en: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Venezuela/vigente.html.  

[2] Capítulo I. De la Garantía de la Constitución. Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

[3] Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

[4] ONU. Consejo de derechos Humanos. Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela: Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11_SP.pdf

[5] Organization of American States. General Secretariat: Informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y del Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Disponible en: http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-Panel-Independiente-Venezuela-ES.pdf

[6] Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Informe Anual 2019. Capitulo IV. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2019/docs/IA2019cap4bVE-es.pdf

[7] The Office of the Prosecutor: Informe sobre las actividades de examen preliminar 2020. Disponible en: https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2020-PE/2020-pe-report-ven-i-spa.pdf

[8][8] FERNANDEZ, Fernando M.: Estado Dual o anómico. Efectos corrumpentes. Editorial Académica Española. Mauricio. 2018. Ver también: Estado Dual: La justicia penal en Venezuela bajo el derecho penal del enemigo. Análisis de una realidad que afecta los derechos humanos. Disponible en: http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_af/article/viewFile/15822/144814482455

[9] Ver Comunicados del Bloque Constitucional. Disponibles en: https://bloqueconstitucional.com/cobertura/comunicados/

[10] Asamblea Nacional: Ley Estatuto que rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Disponible en: https://www.asambleanacionalvenezuela.org/leyes/sancionadas/ley-estatuto-que-rige-la-transicion-a-la-democracia-para-restablecer-la-vigencia-de-la-constitucion-de-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela

[11] Clase Magistral de Apertura del Año Académico 2020/2021 de la Escuela de Derecho de la UCAB, a cargo del profesor Gerardo Fernández. disponible en: https://youtube.be/7LOaWRvU-RO