Venezuela: Población en riesgo


El conflicto político en curso y las violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos en Venezuela dejan a las poblaciones en riesgo de crímenes potenciales contra la humanidad.


Global Centre for the Responsibility to Protect. Alerta de atrocidades.

Traducción libre. Disponible en:
http://www.globalr2p.org/regions/venezuela

ANTECEDENTES:
Desde que el presidente Nicolás Maduro asumió el cargo en 2013, el descontento popular con las políticas del gobierno ha generado protestas generalizadas. La mala gestión gubernamental y una catástrofe en la crisis económica han provocado una hiperinflación, una escasez aguda de alimentos y el colapso de los servicios esenciales. El gobierno ha respondido rutinariamente a las protestas con una fuerza desproporcionada y mortal.

Durante 2018, un panel de expertos independientes encomendados por la Organización de los Estados Americanos (OEA) acusó al gobierno de crímenes de lesa humanidad, incluidos 8.292 asesinatos extrajudiciales y la detención arbitraria de más de 12.000 personas desde 2014. Según la OEA, las fuerzas de seguridad participaron en “El objetivo generalizado y sistemático de los opositores al régimen o los sospechosos de” enemigos del estado “” durante una violenta represión de las protestas entre abril y junio de 2017 que causó la muerte de más de 100 personas.

A pesar del boicot de oposición y las denuncias de fraude electoral, el presidente Maduro fue reelegido en mayo de 2018. Se realizaron manifestaciones en masa en oposición a su toma de posesión en enero de 2019. El inicio de su segundo mandato provocó una crisis diplomática, ya que docenas de gobiernos, incluido el Estados Unidos y muchos países latinoamericanos y europeos, reconocieron al líder de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, Juan Guaidó, como presidente interino. Las protestas contra el gobierno durante enero dieron como resultado la muerte de al menos 40 personas y aproximadamente 850 detenidos. En el momento de la publicación, un apagón paralizante había dejado al país sin electricidad durante días, lo que se sumaba al creciente sentido de crisis.

El 23 de febrero, el conflicto también se intensificó a lo largo de las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil cuando las fuerzas de seguridad utilizaron gas lacrimógeno, balas de goma y munición real para dispersar las protestas contra el bloqueo del gobierno de la ayuda humanitaria patrocinada principalmente por Estados Unidos. 

ANÁLISIS:
En medio de protestas masivas y una intensa lucha política entre Maduro y Guaidó por el control del estado, los venezolanos enfrentan el riesgo de posibles crímenes de atrocidad. Con el liderazgo de las fuerzas armadas leales a Maduro, el llamado de Guaidó a las protestas masivas en curso puede sentar las bases para una gran confrontación entre el gobierno y la oposición.

El gobierno también ha tomado medidas para aislarse del escrutinio internacional, incluida la retirada de la OEA. Las amenazas de políticos de alto rango en los Estados Unidos con respecto a la posibilidad de una invasión a Venezuela han complicado los intentos de negociar el fin de la crisis política. Tal invasión sería ilegal según el derecho internacional. 

El gobierno no está cumpliendo con su responsabilidad de proteger a todos los venezolanos, independientemente de su afiliación política. 

RESPUESTA INTERNACIONAL:
Varios gobiernos, incluidos los estados miembros de la OEA, han criticado públicamente las violaciones y abusos de los derechos humanos en Venezuela. Más de 50 gobiernos reconocen a Guaidó como presidente interino de Venezuela.

Durante noviembre de 2017, la Unión Europea (UE) impuso un embargo de armas y otras sanciones a Venezuela. La UE también ha impuesto prohibiciones de viaje y congelación de activos a 18 altos funcionarios gubernamentales. Estados Unidos ha impuesto extensas sanciones a Maduro y su familia. 

El 26 de septiembre de 2018, seis estados remitieron la situación en Venezuela a la Corte Penal Internacional (CPI). Al solicitar al Fiscal Jefe que abra una investigación formal sobre posibles crímenes de lesa humanidad, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú se convirtieron en los primeros países en remitir una situación a la CPI por delitos que tuvieron lugar en el territorio de otro Estado parte. 

ACCIÓN NECESARIA:
El gobierno debe poner fin de inmediato a las violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos, desmovilizar a las milicias auxiliares, incluidos los “colectivos”, y garantizar que las fuerzas de seguridad se abstengan del uso desproporcionado y mortal de la fuerza contra los manifestantes. 

Los estados miembros de la ONU deben imponer sanciones específicas a todos los funcionarios gubernamentales responsables de violaciones sistemáticas y abusos de los derechos humanos en Venezuela, incluida la tortura de los detenidos políticos. La ONU, con el apoyo de los estados latinoamericanos y la OEA, debería ayudar a negociar el fin de la crisis. 

Los esfuerzos de ayuda humanitaria deben estar estrictamente guiados por los principios de independencia e imparcialidad, y las entregas de ayuda deben coordinarse con las agencias de la ONU.

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