La CIDH otorga medida cautelar a Luis Carlos Diaz y su grupo familiar sobre el derecho a la vida y a la integridad personal

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RESOLUCIÓN 17/2019 Medidas cautelares No. 250-19

Luis Carlos Díaz y su núcleo familiar respecto de Venezuela 29 de marzo de 2019

I. INTRODUCCIÓN 1. El 12 de marzo de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una solicitud de medidas cautelares presentada por Ricardo Rosales, de “Espacio Público” (“el solicitante”), instando a la Comisión que requiera a la República Bolivariana de Venezuela (“el Estado” o “Venezuela”) la adopción de las medidas necesarias para proteger los derechos del señor Luis Carlos Díaz. De acuerdo con la información aportada, el propuesto beneficiario habría sido privado de su libertad el 11 de marzo y habría sido mantenido por varias horas en un sitio desconocido, donde habría sido objeto de agresiones y amenazas por agentes del Estado. En la actualidad se encontraría en libertad, pero sujeto a un régimen de presentación, acusado de tener responsabilidad en el apagón nacional en Venezuela, con fundamento en las declaraciones dadas por el señor Díaz en ejercicio de su libertad de expresión

2. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por el solicitante, la Comisión considera, desde el estándar prima facie aplicable, que el propuesto beneficiario y su familia se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad enfrentan un riesgo de daño irreparable. Por consiguiente, con base en el artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicita al Estado de Venezuela que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal y garantice la seguridad del señor Luis Carlos Díaz y su núcleo familiar de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos; b) adopte las medidas necesarias para que el propuesto beneficiario pueda desarrollar sus actividades periodísticas, en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos; c) concertar las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; y d) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición. …”

Ver informe completo del caso en:
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2019/17-19MC250-19-VE.pdf

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