Paz Activa se pronuncia ante el Proyecto de Ley de Amnistía Política, aprobado en 1ª Discusión y en consulta nacional, emanado de la Asamblea Nacional Caracas, 4 de febrero de 2019.

Consideraciones generales
La Asociación Civil Paz Activa AC considera de trascendental importancia la iniciativa de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (de ahora en adelante “AN”) por haber dictado el “ACUERDO SOBRE LA NECESIDAD DE UNA LEY DE AMNISTÍA PARA LOS CIVILES Y MILITARES QUE APEGÁNDOSE AL ARTÍCULO 333 DE LA CONSTITUCIÓN, COLABOREN EN LA RESTITUCIÓN DEL ORDEN CONSTITUCIONAL EN VENEZUELA”; luego, por haber elaborado un proyecto de Ley de Amnistía, el cual se aprobó en 1ª Discusión denominado “LEY DE AMNISTÍA Y DE RECONOCIMIENTO DE TODAS LAS GARANTÍAS DE REINSERCIÓN DEMOCRÁTICA PARA LOS FUNCIONARIOS CIVILES Y MILITARES QUE COLABOREN EN LA RESTITUCIÓN DEL ORDEN CONSTITUCIONAL EN VENEZUELA” (de ahora en adelante el “Proyecto”); el cual se encuentra sometido a consulta pública a los fines de proceder, próximamente, a la 2ª Discusión de la AN, de acuerdo con el trámite legislativo correspondiente. Asimismo, con ocasión de la publicación del “ESTATUTO QUE RIGE LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA PARA RESTABLECER LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA”
Por todo lo anterior, nos parece loable el llamado a restablecer el orden jurídico democrático, alcanzar la paz social y la intención de evitar la repetición de nuevas persecuciones por motivaciones políticas.
Nuestros comentarios son los siguientes:
La posibilidad de decretar una amplia Amnistía Política, con el objetivo de sentar las bases para la transición institucional que tanto requiere Venezuela, como una vía para avanzar hacia su reconstrucción y desarrollo y, ¿por qué no?, el renacimiento de Venezuela es uno de los propósitos más anhelados tanto por la Nación entera como por la comunidad internacional.
Tal como establece la Constitución, Artículo 187. 5 “Corresponde a la Asamblea Nacional: (…) 5. Decretar amnistías.” Por esa razón, el instrumento legal que debe promulgarse es un Decreto Legislativo y no una Ley que esté sujeta al veto presidencial o a control judicial.

Tal como se desprende de la tradición jurídica venezolana y universal, la amnistía es una gracia o beneficio legal de carácter excepcional, atribuida en Venezuela, de manera expresa, al Poder Legislativo en el numeral 5º del artículo 187 de la Constitución. En este sentido, se trata de una facultad exclusiva y excluyente de la AN. Por eso, debe ser un instrumento bien elaborado, a los fines de evitar cualquier obstáculo que impida o distorsione su propósito fundamental como es el de sentar las bases para la paz con justicia bajo el imperio de la ley, sin impunidad ni venganza. Ello, con pleno reconocimiento y respeto por las víctimas de delitos, así como de las bases que impidan que tales hechos se repitan.

En tal sentido, nos parece encomiable la realización de la consulta popular del Proyecto a nivel nacional, en virtud del artículo 70 Constitucional donde se establece el derecho humano a la participación en los asuntos públicos y el artículo 211 eiusdem, así como el artículo 101 del Reglamento Interior y de Debates de la AN. Todo ello en el marco del genuino derecho de los pueblos a su libre determinación plasmado en el artículo 1º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en absoluta concordancia con el artículo 1º del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el derecho a la democracia establecido en la Carta Democrática Interamericana.
Adicionalmente, se hace impostergable resolver satisfactoriamente la injusta y desproporcionada situación de los presos políticos y de aquellos cuyas causas sean falsos positivos de otros delitos graves, pero que ocultan persecución política, según los estándares internacionales. Así las cosas, debe cesar la persecución política de exilados, asilados y todo tipo de situaciones que se hayan presentado relacionados con la política de ataques a la población civil.
Nuestras propuestas son las siguientes:
Artículo 1º del Proyecto: “Se decreta la amnistía para todos los civiles, militares y demás funcionarios identificados como presos, perseguidos y exiliados políticos por hechos cometidos desde el 1º de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de la presente ley. Así mismo, se establecerán estas y otras garantías a aquellas personas civiles y militares que contribuyan a la defensa de la Constitución como deber establecido en los artículos 333 y 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.”
• Sugerencias:

1. Indicar, de forma específica, el tipo de delitos a amnistiar, a saber, delitos políticos y, también, aquellos delitos que, no siendo políticos, fueron usados de forma falsa para perpetrar la persecución política.
2. Incluir en la amnistía otras formas de persecución política mediante juicios civiles, decisiones administrativas y disciplinarias o vías de hecho en perjuicio de la propiedad de personas naturales y jurídicas y sobre sus bienes, concesiones y otros derechos.
3. Excluir de forma expresa, aquellos delitos contra los derechos humanos y crímenes que la propia Constitución identifica en su artículo 29 en concordancia con el artículo 271 eiusdem y el Preámbulo de la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Estos hechos son incompatibles con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tal como lo expresa la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Asimismo, no puede contradecirse la postura inequívoca en contra de la impunidad establecida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la Comisión y la misma Corte en su jurisprudencia sobre las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos.
4. Establecer de forma inequívoca que el alcance de la Amnistía política no interferirá, en caso alguno, con el derecho de las víctimas a un recurso efectivo, incluida la reparación; ni limitar el derecho de las víctimas y la sociedad a conocer la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario.
5. Cambiar el tiempo de cobertura y alcance del artículo 1, en concordancia con el artículo 3 del Proyecto, para que abarque conductas que se hayan cometido y no aquellas que pudieran cometerse a futuro.
6. Agregar, adicionalmente, que todas las autoridades venezolanas, civiles y militares deberán prestar su apoyo y colaboración con la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional en el Examen Preliminar que esta adelanta sobre la situación de Venezuela, en virtud de que el Estado venezolano no ha implementado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
7. Incluir en el texto el derecho de todas las víctimas que hayan sufrido alguno de los crímenes tipificados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, a realizar las denuncias que consideren pertinentes ante la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional.
8. Mencionar, expresamente, que los delitos de trascendencia internacional de corrupción y propios de la delincuencia organizada, tales como tráfico de drogas, de metales estratégicos de dinero y de personas, así como legitimación de capitales, serán tramitados ante los tribunales penales que se especializarán y dotarán suficientemente a los fines de establecer, apropiadamente, los hechos y los culpables, así como recuperar los activos robados e indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. Lo mismo es aplicable a los delitos tributarios, obstrucción a la justicia, errores inexcusables en sede judicial y ecocidios que se hayan cometido.
a) Agregar que quienes, arrepentidos de forma expresa ante el tribunal especializado competente, colaboren eficazmente en informar acerca de la integración y complicidades de las bandas o estructuras criminales y la ubicación de los activos a recuperar, merecerán una atenuación de la pena que corresponda según el delito y las circunstancias bajo las cuales se haya cometido. También se pueden definir penalidades alternativas que sean realistas, proporcionales y cumplan con un propósito reeducativo.
b) Establecer que, en caso de reincidencia, falsedad documental o ideológica, fraude a la justicia, extorsión, terrorismo u ocultamiento de información relevante sobre los hechos y personas responsables penalmente de los delitos mencionados, el beneficio será revocado, sin que haya una nueva oportunidad de ser beneficiado.
c) Fijar, como principio, que las investigaciones por estos delitos de trascendencia internacional estarán exentas de privilegios e inmunidades provenientes de altos cargos gubernamentales, militares, religiosos, diplomáticos o de cualquier especie y se seguirá el procedimiento especial del juicio breve establecido en el Código Orgánico Procesal Penal (“COPP”).
d) Ratificar los contenidos y procedimientos sobre cooperación penal internacional en los Tratados Internacionales que correspondan, tales como la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional (“Convención de Palermo”), la Convención de la ONU contra la Corrupción, la Convención de la OEA contra la Corrupción y todos aquellos Tratados Multilaterales y Bilaterales, así como mecanismos expeditos, en materia de cooperación penal internacional, que contribuyan a la identificación y recuperación de activos de la corrupción.
Artículo 5: “Serán competentes, para conocer de las solicitudes de aplicación de esta ley, los Tribunales Penales Ordinarios y Militares en Funciones de Control, Juicio y Ejecución de toda la República Bolivariana de Venezuela. Los funcionarios del sistema de administración de justicia que se nieguen a dar cumplimiento en lo establecido en la presente Ley, serán sancionados conforme a lo establecido en el Código Penal de la República Bolivariana de Venezuela.”
• Sugerencia:
Agregar que serán tribunales ordinarios que se especializarán y estarán integrados por profesionales del Derecho idóneos, seleccionados por estricto examen de conocimientos y méritos profesionales, según los estándares éticos más altos que aseguren su buen desempeño, como lo dispone la Constitución.
Para finalizar, la Asociación Civil Paz Activa, se compromete con la AN a continuar remitiendo nuevas sugerencias y propuestas en este y en otros temas que sean necesarios, en procura de cooperar con los altos intereses de la Nación y restablecer la paz social y el cese de la violencia institucional, dentro de los principios del Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia, establecidos en el artículo 2 constitucional.
En Caracas, a los cuatro días del mes de febrero de 2019.

Asociación Civil Paz Activa – Av. José Félix Sosa, Edif. ANAVIC. Piso 4 Ofic. 43, Bello Campo – Caracas.
Teléf. +58 212.265.73.16.

NOTAS:
Artículo 1. “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.” Disponible en: http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/pacto_int_dcp1.pdf

ONU: PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. Derecho de los pueblos a la libre determinación Artículo 1.- “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural (…)” Disponible en: http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/desc_05.pdf

Artículo 1. “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas.” Disponible en: https://www.oas.org/oaspage/esp/Publicaciones/CartaDemocratica_spa.pdf

“(…) Las amnistías que exoneran de sanción penal a los responsables de crímenes atroces en la esperanza de garantizar
la paz, suelen fracasar en el logro de su objetivo, y en lugar de ello han alentado a sus beneficiarios a cometer nuevos crímenes (…). Ver: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH): Amnistías y de Consultas Nacionales sobre la Justicia de Transición. PUBLICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. ISBN 978-92-1-354115-9. Nueva York y Ginebra, 2009. Página V.

“El caso Barrios Altos es uno de los casos emblemáticos de la jurisprudencia de este Tribunal en tanto, por primera vez, se dispuso que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Este estándar ha sido reiterado por la Corte de forma constante en su jurisprudencia.” Ver: RESOLUCIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS* DE 30 DE MAYO DE 2018 CASO BARRIOS ALTOS Y CASO LA CANTUTA VS. PERÚ SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR, JUZGAR Y, DE SER EL CASO, SANCIONAR. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/barriosaltos_lacantuta_30_05_18.pdf

The Office of the Prosecutor: Informe sobre las actividades de examen preliminar 2018. II. SITUACIONES EN LA FASE 2 (COMPETENCIA MATERIAL). Venezuela. 5 de diciembre de 2018. Disponible en: https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2018-otp-rep-PE-Venezuela.pdf

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